Baraguá
Paco Azanza Telletxiki

Álvaro Uribe vuelve a vestirse con el disfraz que más a menudo utiliza: el de víctima. Aunque quizá sea más acertado decir que un día ya lejano se lo puso y, desde entonces, nunca más se lo ha quitado de encima.

Todo el mundo sabe que la incursión de su ejército en territorio ecuatoriano no obedeció al "calor del combate", como él mismo aseguró mintiendo descaradamente, sino a una masacre cuidadosamente estudiada con la más que probable colaboración de su jefe supremo: el gobierno de los Estados Unidos. Porque ¿a qué combate se refiere Uribe, si el grupo de guerrilleros dormía cuando fueron atacados y en ningún momento llegaron a hacer uso de sus armas?

Desenmascarado como se encuentra, el presidente colombiano sigue apostando por una peligrosa huida hacia adelante. Asegura ahora que en dos computadoras incautadas y pertenecientes, según sus palabras, a Raúl Reyes, han encontrado pruebas -sin exponer ninguna de ellas- de que Hugo Chávez y Rafael Correa financian a las FARC. Y añade, envalentonado, que denunciará al presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional -CPI- por "financiar a genocidas".

Si de genocidas se trata, podríamos hacer un breve repaso a los diecisiete últimos años de la nación que preside.

Colombia es el país latinoamericano donde más se atenta contra los sindicalistas. Estos atentados, perpetrados en su mayoría por los militares, los paramilitares de derecha y los servicios de inteligencia, han ocasionado la muerte de cerca de 2.500 activistas de la Central Única de Trabajadores de Colombia -CUT-, durante la represión desatada por los gobiernos de Cesar Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002). Con el actual presidente, Álvaro Uribe, la terrorífica cifra no se detiene, sino que sigue en rápido aumento. Anteriormente, durante el acuerdo de paz de 1984-1990 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el presidente Betancourt, en el intento de organizar un partido electoral de masas -Unión Patriótica-, cerca de 5.000 de sus activistas electorales y dos candidatos presidenciales fueron igualmente asesinados por el ejército colombiano, la policía y los escuadrones de la muerte.

La llamada Política de Seguridad Democrática, de Uribe, está repleta de medidas bélicas con graves consecuencias para los derechos humanos de sus ciudadanos -se estima que en Colombia existen al menos 15.000 desaparecidos-. Y esto no lo digo yo. El 1 de abril de 2005, más de treinta intelectuales de Europa, América Latina y Estados Unidos denunciaron en carta abierta que Álvaro Uribe consolida la impunidad con la que se cometen en su país crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Aún así, tras su reelección en mayo de 2006, el presidente recibió la felicitación de Estados Unidos y la Unión Europea por su triunfo y por su "defensa" de los derechos humanos.

Lo sucedido en la madrugada del 1 del marzo es un hecho sumamente grave. No sólo por las pérdidas humanas ocasionadas y porque el gobierno colombiano buscaba el fracaso de un inminente canje humanitario, sino, sobre todo, por el precedente que puede marcar respecto a la intangibilidad o no de las fronteras latinoamericanas.

Que Estados Unidos anhela apropiarse de los inmensos recursos y reservas petrolíferas y acuíferas de Venezuela, Bolivia y Ecuador no es ningún secreto. Y para ello está urgentemente necesitado de frenar los grandes avances sociales en los que se hallan inmersos los citados pueblos.

Éste no es el problema de una sola nación, sino de todo un continente. Éste es un conflicto, además, que el resto del mundo -siempre con respeto y alejado de veleidades injerencistas- debería ayudar a resolver en la medida de sus posibilidades.

Álvaro Uribe no es más que un obediente lacayo del imperialismo yanqui en América Latina, pero utilizado con inteligencia y descaro puede hacer mucho daño -está haciendo mucho daño-. Hoy más que nunca urge acelerar el proceso integrador de la Patria Grande. Ningún pueblo de este hemisferio debe quedar desamparado ante la más mínima agresión imperialista.

De lo serena e inteligente que sea la obligada respuesta de los agredidos dependerá, en parte, que sus esperanzadores y legítimos proyectos emancipadores sigan adelante.

2008 / 03 / 06